Encuentro de Iniciativas Sustentables transformando desde los territorios

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

 15 de julio de 2012

Encuentro de Iniciativas Sustentables

transformando desde los territorios

Corrientes 02 de julio de 2012

Asambleas, grupos locales, organizaciones ambientales, pequeños productores, campesinos, estudiantes nos encontramos en el 1er Encuentro de Iniciativas de Sustentabilidad realizado en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, los pasados 30 de Junio y 01 de julio de este año.

El Encuentro tuvo como finalidad promover y difundir las iniciativas sustentables que hoy en día existen en nuestros territorios, resistir el avance de la industria forestal –que tiene como proyecto la instalación de una fábrica de pasta de celulosa en Ituzaingó-, y aportar a la construcción de una vida digna mediante el rescate y valoración de la cultura y la diversidad biológica. Para lograrlo se realizaron talleres, paneles de intercambio de experiencias, proyecciones de videos y feria de productos, siendo todas las actividades abiertas, públicas y gratuitas.

La situación coyuntural actual nos impulsa como movimiento ambiental a fortalecer a quienes promueven la producción local, la salud y la defensa del ambiente para las generaciones futuras mediante sus acciones diarias. Las formas de lucha han ido cambiando a lo largo del tiempo, siendo necesario ahora que la acción se transforme en una resistencia propositiva. Esto implica posicionarse desde y con los territorios, quienes tienen la soberanía para decidir cómo quieren vivir, y apostar a las propuestas alternativas al modelo imperante ya que, cuando una comunidad está fortalecida, tiene la potencia para impedir los avances extractivos y depredadores del sistema.

Durante el encuentro, los grupos se dedicaron a reflexionar sobre el concepto de sustentabilidad, luego de compartir experiencias de productores locales tanto de la provincia de Corrientes como del país hermano Uruguay. Qué es sustentabilidad, para qué sirve y cuándo una iniciativa es sustentable debe ser construido desde los territorios. Lamentablemente, pero sin ser ninguna casualidad, hoy en día el modelo corporativo se apropia de términos ambientales claves como “sustentabilidad” para legitimar el “ambientalismo de mercado” y consolidar una “Economía Verde”, interviniendo así en las políticas nacionales de los países “en desarrollo”. De ahí que resulta imperativo dedicarnos a redefinir conceptos que han sido cooptados y darles el valor que realmente tienen.

El día domingo se analizaron las amenazas y los obstáculos que existen en las localidades para poder desarrollar iniciativas sustentables, resultando un debate y reflexión de gran riqueza que fue volcado en un mapa –real y simbólico- de Latinoamérica. Integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú tomaron la palabra para alentar a los locales de Ituzaingó en la resistencia de la proyectada pastera, así como también los diferentes grupos participantes dieron un panorama de sus disputas y situaciones críticas. Los compañeros de Lavalle, Corrientes, de Guardianes del Iberá, compartieron su fuerte lucha contra las fumigaciones luego de perder a dos hijos de la comunidad por su causa y pidieron colaboración en su emprendimiento sustentable como ladrilleros, actividad a la que se dedican desde que lograron salir del circuito que los oprimía. También el grupo de Guardianes del Iberá de la localidad de Chavarría, Corrientes, dio cuenta del avance forestal en su territorio, y mostraron su iniciativa de turismo sustentable para volver a darle vida al pueblo.

Pese a las trabas que puso el gobierno provincial primero, y luego el municipal, para que no hubiera un espacio físico para el desarrollo del Encuentro, se pudo concretar gracias a la tarea y gestión de los grupos locales. Llevar adelante un Encuentro de estas características no podía ser algo unidireccional, decidido desde un único grupo, sino que tenía que ser una construcción colectiva y diversa, como lo son las iniciativas sustentables: están destinadas a preservar los ambientes nativos permitiendo a las comunidades resistir con emprendimientos propios, muestran alternativas con mirada local y crean nuevas relaciones humanas y con la naturaleza, otra economía y una democracia con autonomía y autogestión.

Grupos asistentes:

Amigos de la Tierra Argentina

Asamblea Ambiental Santo Tomé

Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay

Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú

CEMUPRO Centro estudios municipales y provincia de misiones

Grupo Almafuerte 

Grupo Ecologista Fuerza Joven

Grupo de Teatro Tablas

Guardianes del Iberá

Mistika nuevas ideas

Mocase Vía Campesina

Profesorado y Lic .en Biología, UNNE-FACENA

Profesorado Ciencias Químicas y del Ambiente UNNE-FACE

Uruguay Natural Multiproductivo 

Vecinos y vecinas de Ituzaingó, Corrientes

  

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Para evitar más muertes, piden que se extremen los controles sobre el uso de agroquímicos

La solicitud fue hecha por la Defensoría del Pueblo. También pidió que se informen los mecanismos o protocolos de actuación que se aplican en la actualidad para el control del uso de plaguicidas; si existe un registro de comercios proveedores de estos productos y un listado de los productores agropecuarios de la provincia.
A fin de “evitar nuevos hechos lamentables como la muerte de seres humanos, especialmente de niños”, el Defensor del Pueblo de Corrientes, Dr. Miguel Alegre, emitió ayer una resolución mediante la cual recomienda al Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la provincia para que a través de la Dirección de Agricultura y por su intermedio el Departamento de Sanidad Vegetal y Fiscalización Agrícola “extreme los controles sobre la comercialización, uso y manejo de agroquímicos en todo el territorio de la provincia”, ya que su manipulación debe realizarse bajo estrictas normas de seguridad.
El pedido, formalizado por Resolución Nº 906/12, se fundamentó en acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 4.495 y su Decreto reglamentario Nº 593/94. Asimismo, se solicitó a la cartera productiva que informe a la Defensoría “cuáles fueron los mecanismos y/o protocolos de actuación que realiza habitualmente” con respecto al uso de plaguicidas y si posee un Registro de Comercios proveedores de estos productos, destinados a la fumigación con el objetivo de eliminar plagas o con efectos fertilizantes.
Alegre también pide que le informen “si realizan controles del depósito final de envases de los productos en cuestión y cuál es el destino de los efluentes provenientes de la limpieza de los mismos”. Por último, requiere se remita a la Defensoría una “nómina de los productores agropecuarios de la provincia, especies trabajadas, ubicación geográfica y si son asistidos y controlados respecto al uso de agroquímicos”.

FUNDAMENTOS
Alegre resolvió iniciar de oficio una investigación sobre este tema, a partir de publicaciones periodísticas de circulación provincial y nacional, que revelaron el “grave estado por intoxicación de un niño en Lavalle y su posterior fallecimiento, ocurrido días atrás” y además por otros casos registrados durante el año 2011. El expediente iniciado por el Defensor lleva el número 1406/12 y está caratulado como “supuesto uso indebido de agroquímicos en actividades productivas de la provincia de Corrientes”.
En ese sentido, advierte que “la fumigación u otros métodos deben ser estrictamente controlados por las autoridades competentes para no convertirse en un peligro para los ciudadanos que viven en zonas aledañas a lugares de explotación agroindustrial”. En tanto, recuerda que la ley citada establece que el ministerio en cuestión “es el encargado de tomar los recaudos pertinentes a fin de actuar ante posibles impericias o uso incorrecto de pesticidas, y proteger así el medio ambiente”.
http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/203862/Para-evitar-mas-muertes-la-Defensoria-pidio-que-se-extremen-los-controles-sobre-el-uso-de-agroquimicos

Agrotóxicos/ Reclaman decisión política que priorice la salud a la rentabilidad

La muerte de dos niños de Lavalle (Corrientes), uno de los cuales falleció hace poco más de una semana en el hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, encendió otra vez la alerta sobre el uso de los agrotóxicos y los daños irreparables que provocan en la salud. Si bien falta confirmar el origen de la toxicidad, las circunstancias, el lugar y los antecedentes, indicarían que la causa  fueron los venenos utilizados en la horticultura. “Cuento esto por el dolor y la impotencia que desde hace unos días siento, tras conocer un dato, frío como todos los datos o las estadísticas”, afirmó a AIM la enfermera del nosocomio Mercedes Mendez, quien reclamó a las autoridades “una decisión política que priorice la salud a la rentabilidad”.

Agrotóxicos: ¿quién le pone el cascabel al gato?.

En diálogo con esta Agencia, Méndez detalló que tras permanecer varios días internado en grave estado, falleció en el Garrahan “otro niño, oriundo de la ciudad de Lavalle, Corrientes, intoxicado por agrotóxicos”.

La enfermera relató que en  junio de 2011, se encontraba participando de un Encuentro de Pueblos Fumigados en Carlos Pellegrini, Corrientes y allí se enteró “de la muerte de Nicolás y también de lo grave que estaba Celeste, trasladada a Buenos Aires y en lista de trasplante hepático, que finalmente no necesitó”.

En Lavalle, la mamá de Nicolás le contó que vivían frente a una tomatera en la que siempre “tiraban venenos”, que  en esos días habían sido testigos de fumigaciones e incluso, que las zapatillas de los chicos “tenían pegado barro que se había hecho
al mezclarse con el agua que venía de la tomatera”. Lamentablemente, Nicolás no corrió la misma suerte de Celeste, ya que ni siquiera pudo ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Nicolás Arévalo, el niño correntino que murió envenenado.

La profesional explicó a AIM que “los familiares de Celeste allí presentes, me encomendaron que a mi regreso a capital me contactara con la madre de la niña. En los pocos encuentros que tuve –ya Celeste estaba mejor- relató el miedo que tenían de
regresar a ese lugar, ya que sabían que la vida de ellos y sobre todo la de sus hijos corrían serios riesgos a causa de la amenaza de envenenamiento constante que significaba vivir allí, por las permanentes fumigaciones en las tomateras”.

Conocedora de la gravedad de las consecuencias que las fumigaciones provocan en la salud de la población afectada, Mercedes participó de encuentros “escuchando testimonios de pobladores y profesionales afectados; escribí notas a autoridades hospitalarias alertando sobre el tema y solicitando ayuda, difundí informaciones y participé en la organización de charlas-ateneos dentro de instituciones de salud, tres en menos de un año”.

Sin respuestas
Méndez lamentó que nada de esto “hace que las autoridades tomen cartas en el asunto. De lo contrario, estas cosas no deberían seguir ocurriendo con descarada impunidad. Ante tanta impotencia y dolor que, aún no me invalidan a perseverar en el tema, algunas preguntas y reflexiones pugnan por salir de mi cabeza”, dijo.

Méndez aseveró que “no es esta la ocasión de citas pero, hay informes científicos más que suficientes que indican que las sustancias que se están utilizando en la agricultura en los últimos años son más que dañinas para el suelo, el agua, los animales y las personas…es decir, más claro: son venenos. Incluso,  algunos fueron utilizados como armas de guerra y ahora son derramados a millones de litros sobre poblaciones indefensas”.

La enfermera manifestó que los niños de Corrientes tal vez hayan “cometido el delito” de llevarse a la boca tierra o alguna planta del lugar -donde viven, aman y se saben parte. “Cualquiera de nosotros o nuestros hijos, sobrinos o nietos lo hemos hecho alguna vez, pero es evidente que a ellos desde hace unos años, esto  les está representando la diferencia entre la vida y la muerte”, marcó.

La profesional agregó que unos días antes de descomponerse el nene que falleció hace pocos días, los “marcadores biológicos”, indicaban que algo pasaba: cayeron fulminados el perro, los chanchos y otros animales del lugar, y “ninguno se agusanó”, según aseguraron los familiares del pequeño. “¿Quién y desde cuándo han dictaminado que jugar con la naturaleza sea una inapelable sentencia de muerte?”, cuestionó.

Méndez se preguntó qué responsabilidad les cabe a los equipos de salud: “¿qué responsabilidad nos cabe en salir a denunciar estas cosas que vemos que están pasando? ¿Es ético seguir mirando para otro lado cuando están envenenando a las personas impunemente? Y estamos hablando acá solo de las intoxicaciones agudas, ¿qué pasa
además con las consecuencias crónicas en el medio ambiente y en las personas? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la salud, con el aire que respiramos, con el agua que tomamos, con los alimentos que ingerimos?”.

Más adelante reflexionó: “esos tomates de Lavalle seguramente estarán en nuestra mesa mañana” y destacó: “que la población esté ingiriendo a diario pequeñas dosis de tóxicos que se irán acumulando progresivamente, ¿no es un problema de salud? Y, en caso de haber recibido un trasplante hepático, ¿no deberíamos cuestionarnos si es un éxito para la ciencia o los equipos de salud intervinientes, realizar un trasplante con todo lo que ello significa, en un nene que nunca debía haberlo necesitado, de no ser porque se está permitiendo envenenar a las personas?”.

Preguntas sin respuesta
La enfermera del Garrahan ironizó: “¿a quién vamos a comunicar los resultados de los análisis? ¿al Senasa? institución que permite que estos venenos sigan siendo utilizados?
¿Qué esperamos que nos vayan a decir? ¿No debemos pensar en hacer algo más?”.

También cuestionó  al ministerio de Educación y dijo que no le preocupa que “sus alumnos y maestros estén siendo fumigados mientras están tomando clases o en los patios de las escuelas? ¿Tampoco lo saben? ¿Y que se están enfermando y muriendo como consecuencia de ello?”.

Sin embargo aclaró que “algunas cosas, pocas, tengo claras entre tanta impotencia y dolor que aturde. Esto no se arregla “alejando” las fumigaciones. Los venenos son venenos y enferman y matan, más rápido o más lentamente, sea por aire, por tierra, a 800 o a mil metros: creo que no hay lugar a discusión: no se deben usar”.

Y opinó que “lo más fácil es cargar sobre responsabilidades individuales –que las hay por supuesto y deben pagar- pero hay otras que son más grandes y siempre terminan eludiéndose y son las que corresponden a las autoridades que deben tomar medidas urgentes, prohibiendo usos y protegiendo a las víctimas que son presa fáciles de esta situación,  por ser los más humildes y con sus necesidades  totalmente insatisfechas. Protegerlos significa no dejar que nadie tome represalia con ellos y ofrecerles otro medio de subsistencia que no sea a costa de su salud o la de sus familiares, por ejemplo”.

Méndez admitió que “la solución no es fácil, pero se necesita una decisión política. No hay otro modo de cambiarlo y ésta debe priorizar la salud a la rentabilidad indefectiblemente, aunque tristemente uno observa que todo va camino a seguir profundizándose, pero en sentido contrario. Mientras, seguiremos insistiendo en que los agrotóxicos enferman…envenenan y matan, pero sin dejar de denunciar también que de todo eso hay responsables, hay homicidas y hay cómplices que callan y otorgan mientras se llenan de dinero”.

Para la enfermera, “hay que subvertir los valores ya que, de seguir así, seguiremos contando los enfermos y muertos que por supuesto siempre  los ponemos nosotros, los de este lado de la vereda”.

El dato
José Carlos Rivero falleció el 12 de mayo, a las 5 de la mañana, en el hospital Garrahan. Tenía cuatro años.

Su deceso ocurrió a poco más de un año de la muerte de Santiago Nicolás Arévalo, también oriundo de la localidad de Lavalle, un caso en el que se comprobó que la muerte fue a causa de intoxicación por agrotóxicos.

http://www.aimdigital.com.ar/aim/2012/05/27/agrotoxicos-reclaman-decision-politica-que-priorice-la-salud-a-la-rentabilidad/

Protestar no es escándalo, es un derecho

RENACE INFORMA

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina

30 marzo 2012

 

REENVIAMOS

 

Protestar no es escándalo, es un derecho.
Escándalo es el saqueo ambiental del Iberá!!

Desde la Organización Ecologista “Guardianes del Iberá” exigimos que se dé por invalidada la sanción aplicada a los miembros de nuestro “Comando Carpincho” el día 24 de Marzo y se devuelvan nuestras banderas.

Corrientes, 29 de Marzo: A raíz de la DENUNCIA CONTRAVENCIONAL formulada pen la Comisaría del Distrito de “Colonia Carlos Pellegrini”,  las actas de aprehensión librada por personal de la misma comisaría y el “análisis exhaustivo” realizado  por parte del JEFE DE LA COMISARIA de Colonia Carlos Pellegrini se resolvió sancionar, es decir, el “COMISARIO” sancionó a los miembros del Comando Carpincho, que se manifestaban a favor de la protección del medio ambiente, a través de la RESOLUCIÓN C.D.C.C.P. N°1/2012 que textualmente dice: “…SANCIONAR a los ciudadanos CARLOS OSCAR MENDEZ, SILVIA ARIANA PEREZ, EMILIO EDUARDO SPATARO y FELIX CARBONI por infracción  a los art. 40° y 49° del Decreto – ley 124/01 con una pena de 10 días de arresto…” , sanción que quedó en suspenso “…que teniendo previsto en el marco legal aplicable que le ejecución efectiva de la pena no fuere manifiestamente necesaria ya que se tuvo en cuenta la conducta posterior de los imputados, la naturaleza de los hechos denunciados y la falta de espacio   para el alojamiento de los mismos, se DISPONE: dejar en SUSPENSO LA EJECUCIÓN DE LA CONDENA,”.

 

Los Guardianes del Iberá exigimos que dicha sanción quede invalidada ya que:

 

1.                  El camión que fue bloqueado sobrepasaba la carga máxima tolerada por el puente Baeley e incumple la disposición de Vialidad que dice que la carga de debe ser transportada con un tractor al y NO FUE SANCIONADO de manera alguna.

 

2.                  De mantenerse en pie la sanción existirá la criminalización de la protesta social, teniendo ese antecedente, a modo referencia, cada acción o protesta realizada por la Organización será criminalizada.

3.                  Nos vemos ante una protesta social que tiene su justificación en el art. 14 de nuestra Constitución Nacional. Este derecho aflora cuando el reclamo, o el sector que reclama, no encuentran otra manera más eficaz  de hacer saber su petición al poder de turno.

 

Por otra parte nuestras banderas con las leyendas; “No al Robo del Agua” y “Arroceras Ilegales Fuera de Ibera”, fueron secuestradas y enviadas al Juzgado de Paso de los Libres. Las mismas solo dan cuenta de nuestras denuncias y son prueba de nuestro derecho a protestar y por lo tanto deben ser inmediatamente restituidas a nuestra organización.

 

Los Guardianes del Iberá creemos que una disposición como la presente sería la panacea de los gobiernos tiránicos o autoritarios, que por el simple o sencillo trámite de la sanción de una ley tienen en sus manos el instrumento necesario para ahogar las protestas o reclamos contra su gestión.

 

El Gobierno Provincial y los empresarios cuestionados deben saber que los ciudadanos organizados continuaremos reclamando por nuestro derecho colectivo a un ambiente sano, hecho que debe plasmarse en el cumplimento de las leyes ambientales y la protección de los Esteros del Ibera.

Con o sin sanción los Guardianes del Iberá continuaremos protestando.

 

Contacto

Tatiana Hotimsky
Coordinadora de Prensa y Difusión
Salvemos al Iberá

Organización Ecologista Guardianes del Iberá

Cel: 0379 15 4 78 61 90 
Email: info@salvemosalibera.org

www.salvemosalibera.org

Una arrocera estaría trabajando ilegalmente en los Esteros del Iberá

Sábado 31 de marzo de 2012

Miembros de la campaña Salvemos al Iberá, organizados en el “Comando Carpincho”, volvieron a obstaculizar la circulación de camiones provenientes de la arrocera conocida como “Zambon – Zampedri”, y fueron detenidos días pasados. Tatiana Hotimsky integrante de la agrupación dialogó Ipodagua.com y denunció que la arrocera “hace años debería haber dejado de trabajar”.

El punto de conflicto de la actividad arrocera las fumigaciones con agroquímicos y el uso de agua de la laguna son los cuestionamientos que la agrupación realiza hace años. Y es por esto que realizaron por tercer año consecutivo un bloqueo a un camión que pertenece a la empresa. Los “Guardianes del Iberá” exigen al gobierno de Corrientes que clausure las arroceras ilegales en Iberá, “que solo le traen perjuicio a las comunidades locales”, explica la ambientalista a Ipodagua.com.

La acción tuvo el saldo de varios detenidos, entre ellos dos periodistas del canal América que se encontraban realizando un informe sobre los Estero del Iberá.

La Sociedad Rural de Corrientes tiene fuertes intereses en que las arroceras funcionen, y los ambientalistas quieren proteger el patrimonio natural de los Esteros, en riesgo por el avance agropecuario en la zona.

http://www.ipodagua.com/web/2012/03/31/una-arrocera-estaria-trabajando-ilegalmente-en-los-esteros-del-ibera/

Los presos de Iberá: Libres pero no tanto

Hace minutos fueron liberados los activistas del Comando Carpincho (Grupo de Acción Directa) de la Organización Ecologista Guardianes del Iberá tras una noche en el calabozo de la comisaría de Colonia Carlos Pellegrini. 

Colonia Carlos Pellegrini, 25 de Marzo: Tras una fuerte y rápida presión social comunicandose a la comisaría de Carlos Colonia Pellegrini y a la fiscalía a cargo de la Dra. Infran y a las gestiones del abogado de Guardianes del Iberá , Esteban Ordenavia, la justicia dejo en suspenso el cumplimiento de la sanción de 10 a 20 días de prisión. 

Los activistas habían sido detenidos por personal de la Comisaría de Colonia Carlos Pellegrini tras detener y bloquear un camión de una arrocera que opera en la zona de la Colonia – Laguna Iberá. 

Declaración de Esteban Ordenavia, abogado de la Organización, sobre la situación “Si bien los activistas ya se encuentran en libertad, vamos a continuar los reclamos ante la justicia por los errores cometidos en el procedimiento policial y la inexistencia de la comisión de infracciones por parte de los miembros de Guardianes del Iberá. Ya que solamente se manifestaron en forma pacífica y la conducta desarrollada no encuedra en ningún delito ni contravención”.

Luego explico “Hoy por hoy la situación procesal de los ecologistas es que fueron sancionados por infracción al art. 40 y 49 del Decreto Ley 124/01, aunque la pena prevista para los mismos quedó en suspenso es decir, no deberán cumplirla efectivamente”. 

Esta situación no es nueva y se suma a numeresos acciones directas que han realizado los ecologistas desde el año 2009 y que el 13 de abril del 2011 había culminado con la represión de los activistas quedando 14 detenidos en ese fecha. 

Los ambientalistas reclaman el cierre de las arroceras que extraen agua ilegalmente del Parque Provincial Iberá, fumigan sobre problación humana y el ambiente y destruyen el Puente Baeley con el paso incesante de los camiones arroceros. 

Esta situación de represión y sanción en suspenso de 10 a 20 días de arresto demuestra una vez más que el rigor de la ley y la represión es solo contra los que reclamos por la defensa ambiental y social, pero los juicios con sentencia firme a favor del medio ambiente cuyo cumplimiento destrabaría estos conflictos, duerme el sueño de los justos. No hay justicia a favor del Iberá solo a favor de los terratenientes y empresarios arroceros. Declaro el dirigente Ambiental Emilio Spataro tras su liberación. 

Es la segunda vez que nos llevan presos por la misma acción, pero no nos detendrán, por que nuestras acciones están legitimadas en la búsqueda del bienestar de lo colectivo que es el medio ambiente, en este caso el Iberà, en cambio el gobierno con su accionar defiende los intereses de una pocos, en esta caso arroceros amigos del poder. Concluyó el Ecologista. 

Antecedes:

 

El Municipio de Colonia Pellegrini sostiene una larga disputa con las arroceras de la zona que se remonta al año 2006 la Municipalidad de Pellegrini haciéndose eco de las demandas de los vecinos inicia una demanda legal contra la arrocera propiedad del Señor Rogelio Rafael Zampedri y del Señor Carlos José Zambon ubicada en Colonia Carlos Pellegrini.

El 18 de Agosto de 2009 la Arrocera que linda con la Colonia fue clausurada por indicación del ICAA pero siguió funcionado.

Adicionalmente el 25 de Agosto del 2010 el Expediente N° ED4 2669/6; en la Sala 4 de la Cámara Civil y Comercial entendió que el reclamo del Intendente de Colonia Carlos Pellegrini, devino en abstracto por haber sido la arrocera clausurada por el ICAA al constatar el delito. Por lo tanto para la justicia la actividad de la arrocera Zampedri-Zambón no puede estar realizándose.

El 13 de Abril jóvenes del Comando Carpincho, (grupo de Acción Directa, de la Campaña Salvemos al Iberá) fue detenido por protestar en el puente de acceso a dicha localidad. Su dirigente Emilio Spataro fue puesto en prisión durante tres días.

El 4 y 5 de Junio de 2011 se realizó el 1er Encuentro de Pueblos Fumigados del Nordeste, reuniendo a más de 300 personas afectadas de toda la región inclusive de países limítrofes y a especialistas de la materia. 

El Municipio, vecinos, operadores turísticos y especialistas sostienen que las arroceras de la zona dañan el ecosistema con el bombeo de agua desde la Laguna Iberá durante cada siembra, destruyen el puente de acceso a la localidad y  que además contaminan el ambiente y afectan la salud humana por las fumigaciones con agroquímicos.

NUMEROS DE CONTACTO:

Coordinador Emilio Spataro 03794223847

Abogado de la Organización Esteban Ordenavia 03794906314

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Tatiana Hotimsky
Coordinadora de Prensa y Difusión
Salvemos al Iberá

Organización Ecologista Guardianes del Iberá

Cel: 0379 15 4 78 61 90 
Email: info@salvemosalibera.org

www.salvemosalibera.org

Urgente: ecologistas detenidos en Corrientes

RENACE INFORMA

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina

25 de marzo 2012

 

Urgente: Ecologistas detenidos en la Colonia Carlos Pellegrini

 

 

En el día de ayer la organización ecologista Salvemos al Iberá de la provincia de Corrientes realizó un bloqueo en el acceso al puente en Colonia Carlos Pellegrini, Iberá.

 

Por tercer año consecutivo miembros de la Campaña Salvemos al Iberá organizados en el “Comando Carpincho” vuelven a obstaculizar la circulación de camiones provenientes de la arrocera conocida como “Zambon – Zampedri” (por ser estos sus dueños). 

 

Los activistas ambientales se encadenaron a las ruedas de uno de los camiones que transportaba arroz que se disponía a cruzar el Puente Bailey sobre la Laguna Iberá. “La destrucción del puente de Pellegrini es otro de los impactos negativos que tienen las arroceras ilegales, ya que son únicamente sus camiones los que van desmejorando el puente”, declaró Emilio Spataro Coordinador de la ONG.

Pero no es el punto de conflicto con la actividad arrocera; las fumigaciones con agroquímicos y el uso de agua de la Laguna a través de valetones hacia la arrocera también han sido fuertes cuestionamientos en los últimos años. 

Guardianes del Iberá  exige al Gobierno Provincial que clausure las arroceras ilegales en Iberá que solo le traen perjuicio a las comunidades locales.

 

En este momento el Coordinar de la Organización Emilio Spataro, junto con dos integrantes del Comando Carpincho se encuentran detenidos hace 12 horas.

 

Las organizaciones miembro de RENACE acompañamos el legítimo reclamo en defensa del Iberá y el derecho a la salud de las comunidades, a la vez que exigimos la urgente liberación de los tres detenidos.

 

 

 

Más información:

 

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Radio de Asamblea de corrientes intervenida!!!

Queremos informarles que nuestra radio, Radio Asamblea, FM 100.3, la radio de la Asamblea Ciudadana de Corrientes, ha sido interferida por el gobierno de Ricardo Colombi.
Unos pocos meses bastaron para que este corrupto gobierno correntino advirtiera que somos sus verdaderos enemigos y decidiera acallar nuestra vos.
De cualquier manera nuestra señal virtual, http://radioasambleactes.blogspot.com/, continúa emitiendo nuestra programación  con cada vez mayor audiencia.
Los invitamos a participar de nuestra programación enviandonos sus programas en formato mp3 ó sus partes de prensa para ser reproducidos por nuestra señal y leídos en nuestros noticieros.
Un gran abrazo a todos desde Radio Asamblea, la radio de la Asamblea Ciudadana de Corrientes.





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Harvard: la universidad tiene campos en Corrientes e incumple con la ley

A TRAVÉS DE DOS EMPRESAS, CON DOMICILIO LEGAL EN EL ESTUDIO JURÍDICO DE LOS HIJOS DE MARIANO GRONDONA Y MARTÍNEZ DE HOZ

Por Fernando Pittaro
Desde 2009, maneja plantaciones forestales junto a un fondo de inversión. Son 84.269 hectáreas en los Esteros del Iberá. Especialistas advierten que podrían convertirse en “amenaza ambiental”. Además, hay denuncias de precariedad laboral.
 

Por sus riquezas naturales e incentivos productivos, Corrientes se transformó en una de las provincias más apetecibles para los inversores extranjeros. A tal punto que la propia Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos, decidió desembarcar en el corazón de los Esteros del Iberá para dedicarse a la actividad forestal, en una de las reservas de agua dulce más codiciadas del mundo. Tiempo Argentino accedió a documentos según los cuales Harvard, que desde 2009 participa de la explotación de 84.261 hectáreas en Corrientes junto a un fondo de inversión, incumple la Ley Nacional de Bosques. Los ambientalistas, que consideran a la zona como una “verdadera joya ecológica”, advierten que la plantación masiva de pinos “podría convertirse en la principal amenaza para la conservación del Iberá”. Por otra parte, en  estancias ligadas a Harvard se registraron denuncias por precariedad laboral.
De las tierras en cuestión, más de 24 mil hectáreas –1,2 dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires– son destinadas a la extracción de pino, con el que se provee a las fábricas de celulosa de la región. Pero se trata de una actividad irregular, ya que las firmas Empresas Verdes Argentinas SA (EVASA) y Las Misiones SA, ambas con participación de Harvard, incumplen normativas provinciales y hasta la Ley 26.331, que protege a los bosques. Así lo señaló la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación, al afirmar que “la reglamentación de la Reserva exige a los emprendimientos pre-existentes una adecuación a través de un Plan presentado a las autoridades de aplicación, con el cronograma de Medidas de adecuación, mitigación, compensación o restauración, acompañado del informe ambiental que sustente las mismas”. Pero esto nunca ocurrió. El informe técnico, elaborado el 22 de septiembre de 2010, advierte además que EVASA también incumplió con “la presencia de una franja de amortiguación sin intervención de cultivos ni operación de herramientas agrícolas”, junto al hecho de que “la superficie total de pastizales naturales que la empresa ha conservado en este campo es mucho menor que la exigida”.
Tras un análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas, el documento oficial concluyó que se “ha afectado al menos unas 1000 hectáreas de palmares de yatay poñí, considerados explícitamente bosques por la Ley Nacional 26.331, y además un tipo boscoso de ‘valores biológicos sobresalientes’.”
Antes que finalice este año, se volverá a realizar una auditoría sin previo aviso en los campos para saber si corrigieron los ítems adeudados, dentro de los que se incluyeron las malas condiciones laborales de los trabajadores. “Si no trabajamos, no cobramos. Y si nos llegamos a accidentar, no tenemos asistencia médica. Nos pagan por jornada, que duran entre ocho y diez horas por día, unos 80 pesos”, le contó a este diario un empleado que pidió reservar su identidad, ya que trabaja para la firma Logística SRL, una de las tantas empresas contratistas que prestan servicios a EVASA. “Este año se usó poco agroquímico porque sólo se plantaron 500 hectáreas, pero a mí me ha tocado manipular todo tipo de productos tóxicos sin ninguna protección, sin guantes ni máscaras”, relató el mismo empleado, asignado a uno de los once campos que esta empresa forestal tiene en la zona. Allí, 40 trabajadores viven en campamentos y aseguran no tener feriados ni cobrar horas extras.
La consultora internacional Rainforest Alliance fue la encargada de evaluar si EVASA cumplía los requisitos para obtener el sello verde del Consejo Mundial Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una ONG internacional formada principalmente por representantes de la industria de la madera. Si bien otorgaron a la compañía la certificación que permite ingresar a los mercados internacionales, le hicieron varios señalamientos. Por ejemplo, en la página 39, el informe dejó constancia que “EVASA deberá elaborar e implementar un Programa de Seguridad del Trabajador donde se incluyan las capacitaciones para el personal”, y además enfatizó que “se deben mejorar las condiciones de vivienda y provisión de agua potable a todo el personal y demostrar que cuenta con al menos un profesional habilitado para asesoramiento en Higiene y Seguridad en el Trabajo”. En la misma línea, se advirtió que “en vivienda de operarios (Campamentos) se han identificado deficiencias en las condiciones de salubridad (presencia de plagas)”. Pero mientras aguardan una nueva inspección de la FSC en el lugar, las anomalías persisten. Otra de las reglamentaciones pasadas por alto tiene que ver con la presencia de canales que conectan los bañados y lagunas interiores entre sí y con la cañada principal, afectando el drenaje de todo el sistema de humedales. “Estos canales de desagüe, según la legislación vigente, necesitan contar con un proyecto de obras, Estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública, y ser autorizados por el ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente) con una Declaración de Impacto Ambiental”, advirtió Parques Nacionales en el documento titulado “Aportes para la evaluación de certificación FSC de Empresas Verdes Argentinas”.
Tiempo se comunicó con los responsables de esta firma y de Las Misiones, pero no quisieron hacer declaraciones. Eduardo Bello, gerente de EVASA, se excusó diciendo: “No doy entrevistas a desconocidos”, y Arturo Sandoval, a cargo de Las Misiones, señaló: “No puedo aportarle información, se trata de cuestiones confidenciales que no le puedo revelar.” Asimismo, este diario llamó a las oficinas que HMC tiene en Boston y envió un mail con preguntas a su director de comunicaciones, John Longbrake, quien se comprometió a responder. Al cierre de este artículo, aún no lo había hecho.
Desde 2009, ambas empresas integran las operaciones de Harvard Management Company (HMC), encargada de administrar las inversiones de la universidad en el mundo. En una declaración jurada firmada en mayo de 2011, la President and Fellows of Harvard College, de la que depende HMC, reconoce entre sus activos a varias firmas radicadas en la Argentina. Además de las dos antes mencionadas, figuran Forestal del Río, Quebrada Honda y Estancia Celina, todas con el mismo domicilio legal: Suipacha 1111, piso 18, donde tiene oficinas el estudio jurídico que, entre otros abogados, encabezan Mariano Grondona (h) y José Alfredo Martínez de Hoz (h), los hijos homónimos del conocido periodista y del ex ministro de Economía de la dictadura, respectivamente. De ese estudio forman parte Guillermo Eduardo Quiñoa y Betina Di Croce, que tienen cargos directivos en EVASA. Los demás empresarios que comparten la titularidad de ambas firmas son Jorge Ross Amunáregui, Eduardo Maximiliano Bello Iez y Álvaro Aguirre Simunovic.
HMC se fundó en 1974, maneja un fondo de más de 27 mil millones de dólares y financia una tercera parte del presupuesto anual de la universidad. Para esta tarea, cuenta con un equipo de casi 200 profesionales y destina cada año un 5% de lo recaudado a becas, proyectos de investigación y mejoras edilicias. El resto de los ingresos de Harvard proviene de las suculentas donaciones de empresas y graduados, y de la matrícula de los alumnos, que entre alojamiento y comida ronda los 50 mil dólares al año. Pero este emporio académico se vio jaqueado cuando se pinchó la burbuja financiera mundial y llovieron críticas de la propia comunidad educativa. Hoy, el modelo Harvard está adaptado a la nueva realidad económica y diversificó sus activos en varios rubros: efectivo, instrumentos a corto plazo, acciones, bonos, bienes raíces e inversiones privadas.
Pero, ¿cómo llega Harvard a invertir en la Argentina? En 2003, el magnate estadounidense Douglas Tompkins, que hoy tiene 135 mil hectáreas en los Esteros del Iberá, le compró a Pérez Companc 106 mil hectáreas a través de un grupo inversor por 12 millones de dólares. Pérez Companc, con la firma PECOM, se había instalado en el lugar con la idea de industrializar la madera de pino para obtener pulpa de celulosa de fibra larga. Pero ese proyecto nunca se concretó y, en cambio, se buscó obtener madera para aserrío. En manos de Tompkins nació EVASA, que cuatro años más tarde fue vendida al Global Environment Fund (GEF), uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, dedicado mayormente a colocar dinero en activos forestales de mercados emergentes. GEF delegó el manejo de dichos fondos en el Global Emerging Markets Forestry Investors LLC, que en 2009 vendió parte de las acciones de EVASA a la Harvard Management Company.
Según documentos que se despliegan en estas páginas, la operación incluyó la cesión de 54 mil hectáreas, que los nuevos dueños dividieron de esta forma: 30 mil hectáreas como área de conservación y 24 mil para forestación. Su gerente, el reservado Eduardo Bello, tiene antecedentes en el sector y estuvo vinculado a inversiones de las petrolera Shell en Uruguay. En declaraciones al portal web Desarrollo Forestal, en julio de 2009, Bello confirmó que “el Grupo está considerando invertir en una planta industrial de productos de madera sólida y se están considerando varios mercados internacionales, amén del mercado local”.
El 31 de agosto de 2009, el diario digital correntino Momarandu ya daba cuenta del desembarco de Harvard. En esa oportunidad, el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestre, confirmó que estos inversores ya habían recorrido la provincia el año anterior. “Sabía que hubo averiguaciones, así que no me extraña que estas ventas comiencen a anunciarse”, dijo Mestre.
Ubicados sobre la divisoria de cuencas de los Esteros del Iberá y del Batelito-Batel, los campos en cuestión están en una zona estratégica, identificada como Área Valiosa de Pastizal y Área Importante para la Conservación de las Aves, localizada, en parte, dentro de la Reserva Provincial Iberá, creada en 1983 con el propósito de conservar “los recursos naturales, las principales características fisiográficas, las bellezas escénica y los ecosistemas”. A pesar de ello, Corrientes es la provincia con la mayor superficie forestada del país, 420 mil hectáreas, y tiene posibilidades de ampliarse, a pesar de que los expertos alertan que “el remplazo masivo de estos ambientes abiertos por plantaciones forestales producirá inexorablemente una caída de la complejidad y abundancia de la fauna silvestre nativa”. Así lo señala un grupo de ONG (Greenpeace, Aves Argentinas, Fundación Biodiversidad, entre otras), que elaboró un documento crítico cuando se los consultó sobre la certificación FSC a EVASA. Ese paper sostuvo que un panel internacional de especialistas en invasiones biológicas advirtió que la “Argentina está ingresando en un proceso de forestación que puede resultar riesgoso si no se toman en cuenta los efectos negativos”. Además, en un análisis preliminar del riesgo de invasión de los ambientes naturales de la reserva por pinus elliottii (tipo de pino que planta Harvard), se concluyó que en los próximos años “un proceso severo de expansión” de esa especie “podría convertirse en la principal amenaza para la conservación del Iberá”. También se alertó que es factible “la reducción o desaparición de algunos humedales”, así como “una amenaza directa e indirecta para la preservación de las especies de fauna”.
La extranjerización ya es una realidad en todo el país, pero en el noroeste argentino es cada vez más palpable. A las polémicas inversiones hechas por magnates internacionales como George Soros –en alianza con el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda– o la millonaria francesa Madame Beaux, se suma un caso hasta ahora desconocido: el de Harvard, que lejos de su campus en Cambridge, invierte en empresas que van a contramano de la legislación provincial y nacional vigentes.

http://tiempo.elargentino.com/notas/harvard-universidad-tiene-campos-corrientes-e-incumple-con-ley

Un freno a la represa de las aguas turbias

LA SECRETARIA DE AMBIENTE RESOLVIO QUE LA OBRA ES “INCOMPATIBLE” CON LA LEY Y UN TRATADO INTERNACIONAL

El proyecto de Ayuí Grande pretende anegar 7800 hectáreas en Corrientes. Expertos aseguran que afectará a la flora y la fauna y contaminará el río Uruguay. La resolución de la Secretaría de Ambiente fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Por Eduardo Videla

El río Ayuí Grande disminuiría su caudal en un 27,3 por ciento como consecuencia de la construcción de la represa.

El proyecto para construir una represa en la provincia de Corrientes que inundaría 7800 hectáreas con fines de riego para la producción de arroz fue frenado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ese organismo estatal dio a conocer ayer una resolución contraria a la iniciativa, argumentando que su ejecución “afecta la calidad del agua” del río Uruguay, por lo cual es “incompatible con el Tratado Internacional firmado en 1975 con Uruguay”. El emprendimiento es impulsado por un consorcio, entre cuyos accionistas se encuentran José Aranda, uno de los máximos directivos del Grupo Clarín, y el magnate George Soros.

“De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua”, dijo a Página/12 el jefe de gabinete de la Secretaría, Ricardo Salvioli.
La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, sostiene que el emprendimiento privado resulta “incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente”.
El proyecto iba a realizarse en el departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Es impulsado por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Adecoagro y Copra SA, que habían anunciado una inversión de 50 millones de dólares. El objetivo de la represa es irrigar 28 mil hectáreas para la producción de arroz.
El proyecto había sido avalado por el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi. El Estado nacional intervino de oficio, ante las denuncias de organizaciones ambientalistas que alertaban sobre los graves daños que ocasionaría en el ecosistema de la provincia, pero también en el río Uruguay, que es compartido por otros países y que baña las costas de la República Oriental del Uruguay.
En septiembre del año pasado, el gobierno nacional presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el que reclamaba la paralización de la obra. Tres meses después, el 12 de noviembre del año pasado, la Corte le pidió a Corrientes que en 90 días entregue un informe del impacto ambiental de la obra. El gobierno correntino entregó la documentación pedida.
En forma paralela, la Secretaría de Ambiente conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas de esa cartera. Los expertos, en base a la información aportada por la provincia, concluyeron que “siendo previsibles probables efectos de eutrofización (proliferación de algas)”, el proyecto “constituye un peligro de daño grave e irreversible” para el ambiente. Esta situación es agravada por “la sustracción del 27,3 por ciento del caudal del Ayuí Grande”.
El informe técnico permite concluir que, de acuerdo con los rendimientos previstos para la explotación arrocera, “por cada hectárea cultivada y fertilizada queda en el ambiente una cantidad de fósforo superior a los 5 kilogramos por hectárea, provenientes tanto del rastrojo como del fertilizante no absorbido por la planta, quedando en total en el predio de la UTE un remanente de 100 toneladas de fósforo por cosecha, que se exportarían por infiltración y escurrimiento” a las aguas del río Uruguay.
De acuerdo con el informe, el anegamiento afectará 6900 hectáreas de humedal, donde pueden encontrarse entre otras comunidades vegetales, “bosque de ribera, pastizales húmedos, pajonales de gramíneas y no gramíneas”. Los efectos de la obra en esas comunidades serán “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y cambios en el régimen de inundación aguas abajo”.
También afectaría a la fauna ictícola, ya que allí se presentan “condiciones apropiadas para el desove y cría de larvas” de dorados, surubíes, sábalos y bogas. En ese sentido, el informe advierte que podría producirse la “mortalidad de larvas por reducción en la velocidad de la corriente y predación visual (por parte de las aves) por el aumento en la transparencia” del agua.
Esas razones, entre otras, hacen que el proyecto sea “incompatible con las obligaciones” asumidas por el país en el Estatuto del río Uruguay de 1975, el mismo que el país vecino violó al permitir la construcción de la planta de Botnia, según la Resolución 1238/11, firmada por Mussi. “Por ese motivo, la autorización del proyecto deja de ser una atribución del gobierno correntino, ya que sus consecuencias pueden afectar a otras provincias o a otro país”, dijo Salvioli, para fundamentar la decisión.
El proyecto, además, “resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.
“Los humedales son una reserva importantísima de flora y fauna, y nuestro deber es protegerlos”, concluyó el jefe de gabinete de la cartera ambiental.

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Una millonaria francesa se adueñó de un curso de agua en Corrientes

Escrito por Fernando Pittaro | 08 Junio 2011

Hace 25 años desembarcó en los Esteros del Iberá. En 2010, construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental. La complicidad del gobierno y el antecedente de Ayuí.

A Gilberte Yvonne Andrée Lovisi de Beaux todos la conocen como Madame Beaux. Tiene 81 años y es una de las empresarias más reconocidas del establishment francés, aunque desde hace un tiempo optó por llevar una vida de bajo perfil. Hoy, pasa los días entre su casa en París, su departamento en el barrio porteño de Recoleta y su finca cerca de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, donde desembarcó hace 25 años y hace siete meses hizo construir una represa que le permite adueñarse de un curso de agua para regar sus 1000 hectáreas de arroz, en una maniobra que las entidades ambientalistas de la zona denuncian como ilegal. ¿Y cuál fue el costo que tuvo que pagar Madame Beaux para concretar su emprendimiento?: apenas $ 5649. Según se lee en la Resolución Nº 724 del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), a la que Tiempo Argentino accedió en forma exclusiva, la empresaria abonó esta cifra en concepto de "uso de las aguas públicas captadas mediante extracción por bombeo, en la Cuenca del Estero Batel para riego de una superficie de 1000 hectáreas concesionadas para el cultivo de arroz". Es decir, que pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada con arroz. A esto se suma que nunca presentó el estudio de impacto ambiental, el plan para el control y la verificación de obras, ni tampoco convocó a una audiencia pública, como lo establece la ley. Así y todo, la represa debutó con una exitosa siembra y posterior cosecha en los arrozales.
El documento, fechado el 3 de noviembre de 2009 y firmado por el titular del ICAA, Mario Rujana, demuestra que el gobierno que entonces encabezaba Arturo Colombi ya preveía que el proyecto podía ocasionar daños a terceros. Por eso, en el artículo 5º de la Resolución 724/09, tomó sus recaudos: "El Estado correntino no será responsable por la falta o disminución del caudal de agua", se lee en el texto.
Nueve meses después, el 10 de agosto del año pasado, cuando el gobierno local ya había pasado a manos de Ricardo Colombi –primo del anterior mandatario–, el ICAA le avisó a la empresa Rincón de Corrientes SA, propiedad de Madame Beaux, que la Comisión de Ecología del Senado provincial había realizado un pedido de informe sobre la arrocera por presuntas irregularidades en la construcción de la represa. Así lo hizo saber Rujana en una carta que le envió al ingeniero Raúl Fontán, el consultor encargado de llevar adelante los asuntos en materia ambiental en la empresa cuestionada.
El pedido de informe lo había solicitado una ONG local después de comprobar, en un relevamiento de rutina sobre la cuenca del Iberá, que la arrocera funcionaba al margen de la ley. De todas maneras, para el ICAA esta firma no necesitaría presentar autorización de desmonte y declaración de impacto ambiental, ni llamar a audiencia pública, porque la concesión le fue otorgada diez años atrás.
"El argumento del gobierno es falaz porque actualmente esa autorización está caduca por discontinuidad de uso. Además, dicen que la arrocera está fuera de los Esteros del Iberá, como si sólo en la reserva fuera necesario el cumplimiento de las leyes", sostuvo Emilio Spataro, coordinador de la fundación Salvemos al Iberá.
La compañía Rincón de Corrientes, la sociedad anónima que administra los negocios de la multimillonaria francesa en la zona, ya tiene antecedentes en obtener beneficios del Estado provincial: en 1999 el gobierno correntino le entregó la concesión de aguas a perpetuidad para la irrigación de 300 hectáreas, cuando la ley sólo admite esta figura luego de 30 años de monitoreo de los aforos de la cuenca. Es decir, la provincia "regaló" un recurso estratégico a un particular extranjero sin ningún resguardo por el resto de los propietarios de la cuenca ni de cuidado ambiental.
Hoy, Rincón de Corrientes muestra aquel permiso para sostener que las 1000 hectáreas cuestionadas en realidad tienen que ver con una ampliación de aquella vieja concesión. Pero Spataro, de Salvemos al Iberá, lo desmintió. "Las concesiones se encuentran en subcuencas diferentes y nunca podrían ser tratadas como ampliación porque toman agua de lugares totalmente distintos", explicó el ecologista sobre el nuevo emprendimiento arrocero de la millonaria francesa.
En el mismo sentido se pronunció el doctor en biología Juan José Neiff, director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, entidad que depende del CONICET. Neiff es uno de los especialistas argentinos que más conocen el macro ecosistema Iberá. En diálogo con Tiempo, manifestó que "en los últimos años vemos que se atropella reiteradamente las normativas vigentes y los particulares avanzan contra la ley de una manera insólita ante la permisividad del Estado, ya sea por acción u omisión".
Para Neiff se debe tener en cuenta que cuando se construye una represa para riego "se está desvistiendo a un santo para vestir a otro". De esta forma se refirió al volumen de agua que se está sustrayendo y cuyos efectos se van a sentir corriente abajo, afectando al ecosistema en su conjunto. En ese sentido, el especialista sostuvo: "El impacto de estas obras no se ve mientras hay suficiente agua en la reserva, pero en períodos de sequía extraordinaria, como las que se vivieron hasta fines de 2009, se secan las lagunas y los esteros, y entonces el agua que se utilizó para el arroz es la que no pasó para estos ambientes."
Madame Beaux proviene de una familia de la nobleza parisina e hizo su fortuna en el sector financiero y petrolero, escalando posiciones hasta llegar a presidir el Movimiento de Empresas Francesas (MEDEF), entidad que agrupa a más de un millón de firmas privadas. En su país natal, fue distinguida como Comandante de la Legión de Honor y de la Orden Nacional de Mérito, y en 1987 la eligieron "empresaria del año". La cúspide de su carrera llegó cuando se transformó en la mujer de estrecha confianza del multimillonario francés Jimmy Goldsmith, antiguo dueño del diario L'express. También fue socia del polémico magnate Bernard Tapie –que en 1992 llevó a la quiebra a la marca deportiva Adidas– e, incluso, experimentó en la arena política junto al candidato centroderechista Raymond Barre, al que asesoró en las elecciones presidenciales francesas de 1988.
Sus múltiples negocios hicieron que Beaux viviera en varios lugares del mundo: Canadá, Japón, Alemania, Bahamas y Guatemala, entre otros países. A fines de los '80, llegó a la Argentina y nunca más se fue. Al igual que sucedió con Joe Lewis, el inglés que adquirió miles de hectáreas en la provincia de Río Negro y está denunciado por adueñarse de un lago entero cerca de El Bolsón, Madame Beaux desembarcó en suelo argentino tentada por las riquezas naturales del país.
En Corrientes, compró la estancia Rincón de Luna, donde se encuentra la represa cuestionada. La propiedad cuenta con 33.700 hectáreas y está ubicada sobre un islote entre los Esteros del Batel y del Batelito, que conforman el macrosistema de los Esteros del Iberá. Se trata de la estancia jesuítica más antigua del norte argentino, que bordea la Ruta 22 y prohíbe el acceso al histórico camino real que unía al Litoral con el Alto Perú en la época de la conquista española.
Según ambientalistas del lugar, la zona donde están enclavados estos campos es estratégica: allí hay humedales, pastizales, palmares y bosques en isletas. Por otra parte, los ecologistas agregaron que, para comenzar a producir arroz la compañía sacrificó gran parte del bosque nativo existente. Y esto, sin haber obtenido ninguna autorización de desmonte, a pesar de que se trataba de una "zona amarilla" –es decir, un área de preservación– según el ordenamiento territorial de bosques de la provincia de Corrientes.
Salvemos al Iberá viene luchando en contra de la instalación de arroceras ilegales en toda la región y fue también una de las ONG que más se enfrentó con los gobiernos de Arturo y Ricardo Colombi por la construcción de la represa Ayuí Grande, que el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros pretendían instalar en la localidad correntina de Mercedes y que hoy está frenada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver recuadro).
Otra de las voces que se levantaron en contra del emprendimiento agrícola es la del cura de la zona, Rubén Barrios, quien consideró que "es lo mismo que el caso de Ayuí, es el aprovechamiento de un bien público y vital, como es el agua, sin ningún tipo de control, algo que va a perjudicar a terceros y al medioambiente. Con el agravante de que esto ya está más avanzado, la represa está construida y el perjuicio ya se puede ver." El párroco, que da misa a unos kilómetros de la estancia de Madame Beaux, relató que "el riacho del Batel era una corriente de agua hermosa y hasta te inspiraba para escribir poesía y hoy es agua estancada producto del terraplén y la represa que construyó esta mujer sin ningún tipo de cumplimiento de la normativa vigente". Barrios también agregó que "el tema es muy preocupante porque se trata de un derecho humano, es algo que nos asiste a todos los ciudadanos y hace a nuestra calidad de vida".
En ese sentido, el biólogo Neiff agregó que "el problema es el mal ejemplo que se está dando en varias causas todavía irresueltas en la provincia, como el Ayuí o el terraplén de Yahaveré (ver recuadro). Y así, los ciudadanos creen que cualquiera puede vulnerar la ley y eso forma un proceso de deterioro progresivo y de expansión de estas obras."
Para el experto, habitualmente las empresas conocen bien la normativa ambiental, pero entienden que los estudios exigidos pueden frenar sus proyectos comerciales, y entonces buscan estrategias con las cuales vulnerar las disposiciones vigentes.
"Desde el gobierno correntino se insiste en la antinomia entre ambientalistas y el sector de la producción. Y yo estoy de acuerdo con que la producción es progreso, pero siempre y cuando se haga respetando la sostenibilidad ecológica que tiene que tener una región como el Iberá, que es única en Sudamérica", concluyó Neiff.
Mientras tanto, lejos de estos problemas, Beaux hoy combina el manejo a distancia de sus negocios con los viajes de placer y la participación en conferencias y foros sobre el papel de las mujeres emprendedoras.
En París tiene un lujoso piso en el número 14 de la exclusiva Rue Saint Giullaume. En Buenos Aires, vive en un departamento de la calle Montevideo al 1400, con vista al pintoresco parque Vicente López, en pleno barrio de Recoleta. Y, en la provincia de Corrientes, administra su estancia a la vera de los Esteros del Iberá, donde produce toneladas de arroz de manera irregular, utilizando el agua de una laguna pública y gracias a una represa envuelta en irregularidades.

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